Sede del Consejo Nacional de la Niñez, en Santo Domingo.
SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y dirigentes de dlos partidos políticos cuestionaron la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que crea un glosario de apellidos para asignarlos en el Registro Civil a niños abandonados, la mayoría de los cuales son haitianos.
CONANI observó que es el organismo facultado para realizar cualquier proceso en favor de los menores sin apellido declarados en estado de abandono. “Eso, en virtud de lo establecido en la Ley 136-03 que instituye el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, especialmente su artículo 126 letra e, que dispone que el Conani es el tutor ad-hoc de todos los menores de edad de padres desconocidos”, indicó.
Dijo que aplaude “cualquier iniciativa que busque garantizar el desarrollo pleno y efectivo de los derechos fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, siempre y cuando sean de utilidad y no dificulten y se contrapongan a procesos ya establecidos en las leyes”.
Recordó que para los niños declarados en estado de abandono, el Conani actualmente realiza dos procesos, dependiendo de cada caso, una es la adopción consagrada en la Ley 136-03, que permite al menor adoptado obtener los apellidos de los adoptantes. El otro es el proceso de autorización de uso de apellido, consagrado en el artículo 85 y siguientes de la Ley 659-44 de registro civil.
Los partidos
Tony Peña Guaba, secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), opinó que los niños deben tener el apellido de sus padres biológicos, estén o no vivos, o de las personas que los vayan a tutelar como hijos adoptivos.
Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), argumentó que la decisión de la JCE viola la Ley de Actos del Estado Civil y la Constitución.
“Nos extraña esa solución al vapor de un caso tan delicado como el otorgamiento de estatus civil y nacional a personas sin documentos, y por tanto, ilegales. Una decisión así requiere de una aprobación de consenso por las vías institucionales”, expresó.
De su lado, Rafael Paz Familia, director de Competitividad, dijo que la JCE no agotó los procesos legales para la selección de los apellidos.
“Resulta extraño que la resolución 03-2017 no fuera sometida a consultas públicas como establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que cuando se van a emitir reglamentaciones, resoluciones que tocan y regulan los derechos fundamentales de los individuos tienen que ser sometidos a una consulta pública de 30 días”, indicó
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