Santo Domingo.- Un estudio realizado por
Fundación Juan Bosch y del Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo, (ISCOS, por sus siglas en italiano) reveló hoy que el 47% de los
dominicanos vive por debajo de la línea de
pobreza, que en realidad podría calificarse de miseria.
El estudio titulado “Análisis de los anuncios del presidente Danilo Medina y comparación con las citas reales en materia de empleo, salarios,
pobreza y pensiones”, basado en cifras del Banco Central, establece que de acuerdo con la línea oficial de 2016 cifrada en RD4,644 mensuales por persona en cada hogar.
Indicó que entre 2014 y 2017 se crearon 380,608 nuevos puestos de trabajos, de los cuales el 47% se crearon en condición de informalidad.
Por otro lado, en el año 2017 se crearon 121,066 puestos de trabajo, de los cuales el 66.7% fue en la informalidad la que en el mercado de trabajo dominicano creció de 2016 a 2017, situándose en un 59%.
Tras comparar los datos suministrados por Medina en su discurso de rendición de cuentas el pasado miércoles, indicaron que el 60% de los ocupados perceptores de ingresos (formales e informales) percibían un ingreso promedio de RD$11,734, lo que significa que ese 60% de
dominicanos estaban viviendo con ingresos por debajo del costo de la canasta familiar más baja, calculada en RD$13,346.
Matías Bosch Carcuro, Edgar García y Cabrera Airon Fernández, determinaron que la mayoría de la población dominicana que trabaja gana mucho menos de lo que necesitaría para subsistir, donde el 80% declaró percibir, en promedio, un ingreso menor a RD$17,000, muy por debajo del costo de la canasta media, valorada en RD$23,422.
Consideraron “alarmante que Medina anuncie la “dignificación de los salarios de los servidores públicos”, señalando que a partir de abril aumentará el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a 10,000 pesos, mientras que los salarios de 10,000 a 20,000 pesos recibirán un incremento del 10%, cuando el aumento de quienes peor ganan no alcanzará para cubrir la canasta familiar más baja, mientras otros no alcanzarán el nivel de la canasta media.
También cuestionarion que propongan la modificación del Código de Trabajo cuando la mayoría de los trabajadores
dominicanos no goza de las ventajas del Código de Trabajo vigente.
ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA Y COMPARACIÓN CON LAS CIFRAS REALES EN MATERIA DE EMPLEO, SALARIOS,
POBREZA Y PENSIONES
Matías Bosch Carcuro
Edgar García Cabrera
Airon Fernández
28 de febrero de 2019
I. ¿Se ha dignificado los empleos y disminuido la
pobreza?
El Presidente Danilo Medina ha declarado que “del 2012 hasta finales del 2018, se han creado unos 770,000 nuevos ocupados netos” y que la
pobreza se ha reducido al 23%, lo que implica “sacar a más de un millón y medio de personas de la
pobreza”.
Sobre este punto, de acuerdo con las cifras que aporta el Banco Central (entidad que oficialmente lleva las estadísticas de esta materia), entre 2014 y 2017 se crearon 380,608 nuevos puestos de trabajos, de los cuales el 47% se crearon en condición de informalidad (sin considerar el crecimiento de la población económica activa).
De hecho, en el año 2017 se crearon 121,066 puestos de trabajo, de los cuales el 66.7% fue en la informalidad. Más aún, la informalidad en el mercado de trabajo dominicano creció de 2016 a 2017, situándose en un 59%.
En cuanto a los salarios, con datos de 2017, podemos asegurar que el 60% de los ocupados perceptores de ingresos (formales e informales) percibían un ingreso promedio de RD$11,734, lo que significa que ese 60% de
dominicanos estaban viviendo con ingresos por debajo del costo de la canasta familiar más baja, calculada en RD$13,346. Asimismo, el 80% declaró percibir, en promedio, un ingreso menor a RD$17,000, muy por debajo del costo de la canasta media, valorada en RD$23,422. Es decir, la inmensa mayoría de la población dominicana que trabaja gana mucho menos de lo que necesitaría para subsistir.
Hay casos como el turismo, sobre el cual el Presidente afirma que “no hay otro sector que dinamice más la economía y cree más empleos directos e indirectos”. Pues bien, en ese sector en 2018 la informalidad del empleo alcanzó el 48.7% y el “salario mínimo legal” más alto, de las empresas más grandes, apenas llega a los RD$10,355, siendo el sector que paga salarios más bajos.
Sobre esta base es que se puede hablar de cambios reales en las cifras de
pobreza.
Si se considera la línea oficial de 2016 cifrada en RD4,644 mensuales por persona en cada hogar, de acuerdo con el ingreso laboral de los
dominicanos y dominicanas, descontando las remesas, las transferencias y ayudas del Estado así como otros ingresos extras, el 47% de los
dominicanos vive por debajo de la línea de
pobreza, que en realidad podría calificarse de miseria. Y si se considerara una línea de
pobreza hipotética de RD$6,925 por persona al mes, el 59% de la población se ubica por debajo de dicha, en base al ingreso laboral.
Asimismo, resulta alarmante que el Presidente de la República anuncie la “dignificación de los salarios de los servidores públicos”, señalando que a partir de abril aumentará el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a 10,000 pesos; mientras que los salarios de 10,000 a 20,000 pesos recibirán un incremento del 10%.
Fundamentados en los datos antes mencionados, eso quiere decir que el aumento de quienes peor ganan no alcanzará para cubrir la canasta familiar más baja, mientras otros no alcanzarán el nivel de la canasta media. Las mejoras salariales, tal como se anuncian, podrán ser más dinero en el bolsillo de las personas y eso es bueno, pero no significarán una “dignificación” que permita alcanzar los niveles mínimos de subsistencia de los empleados públicos y sus familias, ni cumplir con los preceptos de la Constitución en materia de justicia salarial.
Resulta llamativo que en relación con los salarios de los bomberos, por citar un ejemplo, el presidente de la República informó al país que ha sostenido diálogos “para establecer un nuevo esquema de compensación salarial, orientado a asegurar la justicia y equidad”. Este “esquema”, de acuerdo a las palabras del presidente, establecería “salarios dignos y equitativos, pago de Regalía a final de año y beneficios de la Seguridad Social”.
Resulta impensable que se presenten al país “beneficios” para estos servidores públicos que no son más que aquellos que por el derecho al trabajo y a la seguridad social establecidos en nuestra Constitución, forman parte de los derechos básicos que todos deberían tener garantizados. Es decir, no se trata de “beneficios” ni mucho menos de privilegios o concesiones, y más bien ha sido admitir cómo en el país se violan las normas laborales incluso en las propias instituciones del Estado. Por algo el artículo 5 de la Constitución nos indica que este instrumento de supremacía normativa se fundamenta, precisamente, en el respeto a la dignidad humana.
Por último, llama poderosamente la atención que se hable de poner en marcha un “Programa Primer Empleo, en alianza con el sector privado” y que “mediante este programa, unos 5,000 jóvenes, especialmente mujeres, se incorporarán por primera vez al mercado laboral y obtendrán capacitación técnica en sus puestos de trabajo”.
Una cantidad de 5000 jóvenes es prácticamente insignificante ante una población económica activa en edades entre 15 y 39 años que ronda los 2.5 millones de personas, y se ha estimado hasta en 700,000 los jóvenes entre 10 y 34 años que ni estudian ni trabajan. Específicamente en cuanto a las mujeres, menos de la mitad de ellas en edad de trabajar (49%) se encuentran participando activamente de la economía, y el 51% de estas genera ingresos por debajo de la
pobreza laboral. ¿Qué representarán 5000 eventuales puestos nuevos en esta cruda realidad?
De igual modo, aunque el Presidente Medina señale que en contrapartida el empresariado se compromete a mantener estos jóvenes en su nómina al menos por dos años, sería importante que el país conozca debidamente las condiciones de derechos laborales a las que se verán sujetos esos jóvenes, en una figura que no existe en el Código de Trabajo y la experiencia dicta que el gran empresariado ha buscado con el concepto de “Primer Empleo” contar con una fuerza de trabajo vulnerable y precaria, como también se ha visto en experiencias de otros países.
II. ¿De qué se trata reformar el Código de Trabajo y construir “consensos”?
El presidente de la República planteó que “En las últimas semanas se ha retomado con fuerza el diálogo entre gobierno, empresarios y sindicatos en torno a la actualización y modernización del Código de Trabajo. Se ha avanzado como nunca en la búsqueda de consensos y confiamos en que, muy pronto, podremos estar presentando ante esta Asamblea un nuevo código”.
Es curioso que desde el Poder Ejecutivo se invite a una modificación del Código de Trabajo cuando la mayoría de los trabajadores
dominicanos ni siquiera han podido gozar de muchas de las conquistas del Código de Trabajo vigente.
En nuestro país no se conocen los datos sobre negociación colectiva; no se tiene acceso a datos que demuestren el cumplimiento de la participación en las ganancias de las empresas; y mucho menos se protege la sindicalización, cuestión básica para el verdadero diálogo y la paz laboral, así como para generar salarios y condiciones decentes de
trabajo, según toda la evidencia nacional e internacional.
La sindicalización que apenas alcanza un 6% de la clase trabajadora, indica que el Ministerio de Trabajo y la institucionalidad no actúan de manera coherente con los discursos periódicos del Presidente ni cumplen con el mandato que les dicta la Constitución y las leyes, pues los derechos fundamentales de los trabajadores no están protegidos.
¿Acaso tiene sentido hablar de bienestar o de proteger a la población trabajadora si la institucionalidad no funciona, si el Código de Trabajo es violado sistemáticamente, los salarios se discuten entre cuatro paredes bajo un mecanismo de dudosa calidad democrática, y existen más de 22 salarios mínimos legales, que permiten a la clase patronal usar el salario siempre como “factor de ajuste”, de los cuales sólo dos superan la canasta familiar promedio?
La desigualdad y asimetría entre los actores patronales y laborales, y el carácter cerrado con que se suelen realizar estas discusiones, obliga a preguntarse por la calidad del consenso que se está buscando. Se trata, entonces, de una serie de negociaciones desconocidas por la mayoría de los trabajadores
dominicanos y un sistema cerrado de toma de decisiones, contrario al espíritu de la ley ¿Cuál ha sido la postura del Comité Nacional de Salarios de cara a una eventual modificación del Código? ¿Cuáles nuevas “conquistas” serán incluidas en esta nueva normativa? El país necesita garantías de que no se impondrá la lógica del gran empresariado, al cual se le ha ofrecido desde hace años un statu-quo donde sus intereses no se vean afectados.
Por último se puede afirmar, que si no se cambia el Modelo económico improductivo, importador, rentista y precarizante del trabajo; si no se construye un auténtico Pacto Laboral y Productivo, orientado a una economía que genere valor, con empleos dignos, derechos garantizados, salarios decentes y una institucionalidad que funcione, nada realmente sustantivo va a cambiar. Asimismo, es inaplazable que el país cuente con aumento justo y general de salarios y se llegue a un consenso sobre un salario mínimo decente nacional.
III. ¿Se ofrece un cambio de fondo en el sistema de pensiones?
Por último, llama poderosamente la atención que el Presidente Medina anunciara “la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social” diciendo que la misma “será un hecho” y en el día de ayer envió al Congreso “la ley para la mejora de la cobertura de la seguridad social”. Según el proyecto enviado, se sustituirá las dos comisiones que cobran las AFP por una única comisión de 1.4% sobre “los saldos”.
Resulta incomprensible que mientras se ha estado discutiendo desde la pasada legislatura una eventual modificación a la Ley No. 87-01, en un proceso de consultas y debates abiertos con los distintos sectores en la Comisión se Seguridad Social del Senado, el Presidente sorprenda al país con un proyecto ya redactado desde el Poder Ejecutivo. Ante este hecho, cabe traer a la memoria que representantes de varias instituciones gubernamentales se ausentaron de sesiones de la Comisión a las cuales fueron debidamente invitados.
Por lo tanto, queda la interrogante de cómo el Presidente presenta un proyecto cuando la Comisión senatorial a cargo del tema está aún en el proceso de crear los consensos básicos sobre el tema, y surge la duda sobre con quién y mediante qué proceso de diálogo el Poder Ejecutivo ha llegado a la elaboración de este documento que sin aviso previo se anuncia ante la Asamblea Nacional.
Se debería tomar en cuenta qué papel están jugando en este escenario las AFP, que ya administran una cantidad de recursos superior el 11% del PIB y son acreedores de deuda pública en más de 324 mil millones de pesos (a marzo de 2018). Esto ciertamente les da un inmenso poder económico y político, y podría también haber incentivos a que el Gobierno busque con afán reducir lo que las AFP cobran y se ganan producto del endeudamiento público, que en total ya ronda el 50% del PIB.
Finalmente, haciendo una estimación en base a la comisión de 1.4% sobre los fondos de pensiones, propuesta por el Presidente, y considerando los fondos existentes hasta diciembre de 2017, ascendentes a 407,903.8 millones de pesos, aun así las AFP hubiesen obtenido ingresos de 5,710.7 millones de pesos sólo en ese año que, comparados con los ingresos que efectivamente obtuvieron gracias a las comisiones actuales, representarían una reducción sólo de un 24.3%, es decir de 1,835.7 millones de pesos.
Como se ve, se trata de mucho menos que lo que podría imaginarse al escuchar que las comisiones se rebajan del 30% al 1.4%. Una de las claves para entender esto, está en que aunque el número parezca mucho menor, ya la ganancia no será sobre la rentabilidad de los fondos, sino sobre la totalidad de sus saldos.
Vale destacar que el patrimonio de los fondos de pensiones crece año tras año, por ejemplo ya para marzo de 2018 ascendían a 424,694.8 millones de pesos, casi 17 mil millones más que en diciembre de 2017, apenas en tres meses. Por lo tanto, con una comisión fija sobre el patrimonio de los fondos de pensiones que crecen como una bola nieve, los ingresos y ganancias de las AFP, si bien podrían ser menores comparados con la actualidad, estarán en continuo crecimiento conforme crezcan los fondos de pensiones.
Estimamos que con una comisión de 0.85, ya para el 2033 las AFP prácticamente igualarían los ingresos que obtuvieron en 2017 con las comisiones actuales, más de 7500 millones de pesos, para luego obtener ingresos
comparativamente mayores en los próximos años.
Esto supone un negocio aún más seguro y libre de riesgo para las AFP, constituyendo una trampa en beneficio de estas megaempresas y que, por supuesto, no resolverá para nada la crisis del sistema de pensiones.
Frente a los montos que se seguirán ganando las AFP, el monto ofrecido ayer para las “pensiones solidarias” resulta pírrico, y mientras los fondos de pensiones sigan siendo un negocio financiero no podrán incluir a la población que necesita la cobertura ni ofrecer pensiones dignas, ni siquiera a las personas que según la ley debería tener derecho a la supuesta “pensión solidaria”. Otro caso dramático es el de los pensionados públicos, al cual se les ha estado pagando pensiones por debajo del monto establecido, violando la Ley No. 379-81 y afectando a más de 60 mil
personas.
Cambios como el propuesto el día de ayer, que solo hace menos escandalosa la forma de ganar dinero de las AFP, no surgen de ningún diálogo social ni análisis técnico conocido y consensuado. Más bien estas propuestas ya habían sido lanzadas por las propias AFP y por voceros de este modelo de capitalismo salvaje, y se han aplicado en otros países con rotundo fracaso.
Podemos asegurar que la modificación propuesta a la comisión que obtienen las AFP es un subterfugio para no cambiar en nada sustancial el cuadro que se ha pronosticado por distintos organismos nacionales e internacionales: mantener las ganancias exorbitantes de las AFP, sangría de cuantiosos recursos públicos a costa de los impuestos, pensiones de miseria para la gente, y un modelo mercantilista en lugar de verdadera protección social.
Esto perpetuará la vulneración de los Derechos Fundamentales, de la Constitución, y seguirá atentando contra el bienestar y la paz social, mientras casi todos los países que han padecido este modelo lo han revertido y transformado a fondo, tal y como recomienda el último informe de la OIT sobre el tema.
